Nuestro país se encuentra sumido en la peor crisis económica de su historia reciente, una situación donde las infraestructuras pueden resultar determinantes para el devenir de su futuro. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguraba esta semana que la construcción y la inversión en obra pública será la “palanca para la reactivación económica” necesaria para paliar la crisis derivada del Covid-19. Un sector, paradójicamente, origen de la anterior crisis y que ahora puede convertirse en uno de los recursos esenciales para salir de la actual.

Una actividad económica en España donde los contratos públicos de obras en ejecución con todas las administraciones y entidades públicas empresariales –excluidos los contratos públicos de suministros, concesiones, y servicios- ascendieron en 2019 a más de 14.800 millones de euros. Una inversión procedente de la Administración General del Estado (36%), comunidades autónomas (28%), y administraciones locales (36%), según datos de las grandes constructoras y concesionarias, SEOPAN. Mas no todas contribuyen con igual entusiasmo y participación.

En el caso de la Administración de Castilla-La Mancha, el presupuesto de licitación de obra pública de la Consejería de Fomento ha sido de cero en el pasado mes de marzo de acuerdo con los datos de la patronal. No han sido tampoco relevantes sus licitaciones en infraestructuras en la región durante enero y febrero de este año: un total de 2,2 millones de euros, frente a los 18,2 millones del primer trimestre de 2019.

Un presupuesto insignificante, cada vez menor, que resulta insuficiente para el mantenimiento y realización de infraestructuras en la región, un déficit que no se circunscribe exclusivamente a sus redes de carreteras. La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y de la Ingeniería Civil ha identificado igualmente carencias en saneamiento y depuración de aguas residuales, interconexiones entre cuencas hidrográficas, canales de regadío, ferrocarriles, y transporte público urbano en la región por valor superior a los 700 millones de euros anuales.

Una partida presupuestaria complicada ante una crisis económica especialmente perturbadora para Castilla-La Mancha, pero muy necesaria para paliar el déficit y conservación de infraestructuras que sufre históricamente esta región. También, para ser parte de esa palanca que el ministro Ábalos reclama ahora para la reactivación económica del país.