En tiempo de coronavirus son cientos las propuestas y medidas que circulan en Castilla-La Mancha para su recuperación tras o durante el paso de la pandemia. Sus idearios son una pléyade de partidos, instituciones, organizaciones, y cualquiera que se crea iluminado para contribuir a la causa reparadora de esta tierra. Los remedios vienen encartados bajo diferentes epígrafes: imprescindibles, factibles, recónditos, utópicos y aquellos también que merecen incluirse en la sección de Los inventos del TBO, bajo los auspicios del profesor Frank de Copenhague. Aunque a todos se les supone de buena fe, algunos chirrían en su enunciado.

En un documento de nada menos que 314 medidas de carácter económico y social presentado por Izquierda Unida Castilla-La Mancha para recuperar la región –nadie podrá negar la vocación reparadora de la formación de una sola tacada- su coordinador regional, Juan Ramón Crespo, propone entre otros la creación de una banca pública regional. Una medida en consonancia con las directrices marcadas desde Madrid por el coordinador general de IU, Alberto Garzón, quien asegura que la banca pública es necesaria “para proteger a la ciudadanía y nuestros ahorros”, entre otras ventajas. En términos parecidos se han pronunciado igualmente los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño aunque estos, lejos de los designios de Garzón, son más propicios a potenciar el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como financiador de las principales iniciativas de inversión del Estado. La única entidad que actualmente puede considerarse como “banco público”, y muy activa en estos momentos en la concesión avales a pymes, autónomos, y empresas afectados por el Covid.

El pasado mes de octubre se cumplieron 20 años de la desaparición de la banca pública en España con la integración de Argentaria en BBVA. Atrás fueron quedando por el camino los bancos de Crédito Industrial, Hipotecario, Agrícola, Exterior, Caja Postal… una forma de hacer banca que solo se entiende en un momento determinado de la historia de este país. Más reciente ha sido la liquidación del sistema de cajas de ahorro a través de la imperiosa nacionalización, intervención, o absorción de varias de ellas -fue el caso de CCM en Castilla-La Mancha- precisamente –atienda señor Garzón- para salvaguardar los ahorros de los ciudadanos por efecto de la crisis financiera entre estas entidades.

La intervención en el sector de las cajas de ahorro fue una actuación urgente y necesaria por parte de la Administración, dando así prácticamente al traste con los últimos resquicios de una banca comercial controlada por representantes de formaciones políticas e instituciones públicas. Una desastrosa gestión que comprometió, además de su viabilidad futura con pérdidas cuantiosas asumidas por el Estado, la confianza de la sociedad en la capacidad de las distintas administraciones y sus representantes para gestionar adecuadamente instituciones financieras de carácter público.

Sin embargo, nos viene ahora el coordinador general de IU en la región con una de sus iluminadas medidas para recuperar esta tierra: la creación de una banca pública regional en una comunidad donde cooperativas de crédito y bancos solventan perfectamente este servicio. Un sector al que se añade el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha como instrumento financiero de la Junta de Comunidades para dotar a las políticas públicas y a las instituciones de una mayor eficacia. Una propuesta precisamente en esta tierra con los antecedentes en la gestión de una entidad similar a la que ahora pretende crear Izquierda Unida en la región, entiéndase CCM, con los resultados de sobra conocidos gracias a los políticos, partidos, y arrimados que tuvo al frente encargados de su gestión. También de los recomendados, que de eso saben bastante algunos empresarios de la región y otros territorios, gracias a proyectos cuyos escombros se almacenan ahora en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.