Cumplida la edad de jubilación, el expresidente de Caja Castilla-la Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, preparaba al parecer ya las maletas para aliviarse este verano del sofocante calor y, de paso, de la presión judicial sometida por el falseamiento que hizo en su día de las cuentas de CCM para encubrir pérdidas millonarias. Una administración fraudulenta que le supuso una sanción económica y penas de cárcel que no cumplió al ser menores de dos años y carecer de antecedentes penales. Para estos días de asueto, Moltó cuenta además con un complemento adicional a su pensión de 247,38 euros mensuales, que nunca vienen mal, concedido recientemente por el Congreso de los Diputados por los años de Legislatura como parlamentario.

Mas como “en casa del pobre dura poco la alegría”- adviértase la creencia fatalista e indigente del refrán como licencia de El Pasante- Hernández Moltó tendrá ahora que ajustar su agenda veraniega a lo que disponga la comisión de investigación del Congreso de los Diputados constituida para intentar esclarecer el rescate bancario de las cajas de ahorro en España a partir del año 2000. Presidida por la diputada canaria Ana Oramas, por la comisión desfilarán en las próximas semanas todos los responsables económicos de los últimos años en este país, dirigentes de órganos supervisores, además de los gestores de las cajas rescatadas como Bankia, Catalunya Caixa, Caixa Galicia… y Caja Castilla La Mancha. Aunque dudo de la efectividad de estas comisiones, como ha quedado de manifiesto en otras similares, puede que en su comparecencia el expresidente de CCM se encuentra al otro lado de la bancada algún diputado que le espete también eso de mirarle fijamente a los ojos para “salvar la poca honestidad que le queda”, como él mismo hizo en 1994 con el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio.

Y puesto que la dignidad es una cualidad más bien escasa en determinadas personas, a otro castellano manchego también le están mirando a los ojos, y de paso al bolsillo, aunque el observador en este caso  no se encuentra en el Congreso de los Diputados. La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado el juicio  contra Jesús Bárcenas, expresidente de la Cepyme, junto a otros directivos de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa entre 2009 y 2012 a los que la fiscalía solicita cuatro años de cárcel. El ministerio público entiende que los  acusados saquearon durante esos años de las arcas de la organización empresarial 1,2 millones de euros con los que abonaban, entre otros, un sueldo a Bárcenas de 5.500 euros brutos mensuales camuflados como gastos de representación, un cargo sin derecho a retribución alguna. Mas si la soldada no era insignificante, también percibía otros 5.365 euros cada mes por el alquiler de un coche de alta gama arrendado precisamente a una empresa propiedad del expresidente, un empresario del sector eléctrico de Valdepeñas (Ciudad Real).

No debe perder de vista a semejantes sujetos el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha,  Juan Alfonso Ruiz Molina. Con tipos tan duchos a la hora de cuadrar cuentas, ajustar partidas, camuflar conceptos, e inflar resultados sería una lástima no poder contar con su inestimable colaboración para cerrar unos Presupuestos que parecen retrasarse en el tiempo más de lo debido. Cuestión baladí, señor consejero, para contables tan avezados en la materia.