Se espera cada año con expectación la presentación de resultados de Caja Rural Castilla-La Mancha. Un balance que en los últimos años siempre supera al anterior en beneficios, rentabilidad y solvencia en cada uno de sus epígrafes, especialmente este año gracias a los "ingresos recurrentes y a la optimización de los costes de explotación", según la entidad. Un ejercicio de 2017 desarrollado en un contexto difícil, lo que no ha impedido generar un beneficio de 26,5 millones de euros, un 4,08 por ciento más, y una ratio de morosidad del 2,8 por ciento, un 12 por ciento menos que en el año precedente y cinco puntos por debajo de la media del sector,  convirtiendo a la caja castellano manchega en referente nacional en la gestión del riesgo crediticio.

Unos resultados logrados gracias a un solvente y responsable equipo  de algo más de 1.000 profesionales que operan en las 381 oficinas abiertas que la entidad tiene abiertas en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, y desde el pasado año en la Comunidad Valenciana. Todas ellas al servicio de cerca de 420.000 socios y clientes, en lo que ya representa la mayor entidad financiera  de la región tras la devastación de CCM. No obstante a estos magníficos resultados, el director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Víctor M. Martín López, aprovechó la presentación de los resultados de la entidad para hacer una reflexión acerca de la propuesta de Pedro Sánchez sobre las pensiones en este país. El líder socialista aboga ahora por implantar dos impuestos a la banca y otro sobre transacciones financieras con el fin de tapar mínimamente el agujero de las pensiones, un boquete que este año ya representa más del 40 por ciento del gasto anual de la Administración Central del Estado. Una oferta que el director general rechazó sin ambages: “Que se lo cobren a los [bancos] que hayan recibido ayudas”. Una suma que al final va a costar al contribuyente unos 44.000 millones de euros, provocado por la mayor crisis bancaria de la historia en este país.

Tiene razón Martín López al exigir que lo que se conoce internacionalmente como tasa Tobin, desde hace años en discusión y sin acuerdo alguno a nivel europeo, no penalice precisamente a las cajas y bancos gestionadas eficazmente. Entidades a las que Sánchez  incluye junto a  las que tuvieron necesidad de recibir para su rescate y saneamiento ingentes sumas de dinero público, además del aportado por el propio sector bancario.  Una tasa que de imponerse la banca  intentará traspasar a los clientes en forma de mayores tipos de interés en los préstamos, menor remuneración en los depósitos, y  comisiones más elevadas con el consiguiente perjuicio para ahorradores, inversores, y la economía del país.

La tasa Tobin no arreglará el futuro inexorable de las pensiones públicas en este país. Un problema, como ha alertado reiteradamente el Banco de España,  de gasto, y no sólo de ingresos. Imponer a la banca un recargo impositivo adicional e unilateral no es la solución. Mucho menos cuando el líder socialista pretende que este recaiga por igual entre todas las entidades bancarias del país. Un tacticismo inútil el del secretario socialista que tan sólo pretende erosionar al Ejecutivo aprovechando el malestar de los pensionistas de este país, pero que infunde confusión e inquietud entre los bancos y cajas que administran con eficacia y responsabilidad sus entidades.