Asistimos en Castilla-La Mancha a un cruce permanente de acusaciones por parte de las diferentes formaciones políticas como único lenguaje capaz en el desempeño de sus funciones. Inculpaciones que en gran parte vienen acompañadas de exigencias de dimisión individual o colectiva, una rutina habitual que toma forma de sainete en demasiadas ocasiones. Una farsa que ya produce hilaridad y cansancio cada vez que semejantes peticiones se producen entre los representantes de los distintos partidos.

La pieza se representa en sesión continua por diferentes escenarios de Castilla-La Mancha. Atentos a la cartelera más reciente: el PP regional pide que la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, dimita como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, tras no haberse convalidado en el Congreso el decreto del Gobierno de fondos municipales. Desde el PSOE regional contestan que también quiere echar de una tacada a toda la cúpula del PP en Castilla-La Mancha por el caso Kitchen. Para el secretario de Organización del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, las supuestas corruptelas de espionaje “no pudo ejercerlas en solitario” la expresidenta del partido María Dolores Cospedal, teniendo para ello que contar con otros cómplices, según discurre el avispado detective en sus ratos libres.

No acaba aquí el sainete dimisionario. La diputada regional socialista Charo García Saco pretende despedir igualmente a la portavoz del PP en las Cortes, Lola Merino, por “sembrar miedo” entre el sector cinegético regional y, para reforzar su petición, por complicidad con el PP de Cospedal. Éstos, por su parte, piden al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que expulse o exija la dimisión del alcalde de Recas (Toledo), Eliseo Bravo, antes de ser juzgado por prevaricación junto a otros concejales de la Corporación municipal. Otros, en cambio, cavilan hacerlo y se toman su tiempo como el presidente de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Alejandro Ruiz, que medita si pedir la dimisión de Rodríguez y Fernández, consejeros de Educación y Sanidad, respectivamente.

El verbo dimitir es duro de conjugar entre la clase política española. Es bien sabido de la inalterable alergia a la dimisión que corre por las venas de nuestros dirigentes políticos. Personas que llevan en eloficiocinco, diez o más años y de quienes, en tantas ocasiones, no se conoce carrera o trabajo distinto al de la sistemática ocupación de cargos públicos o puestos electivos. Prebendas alcanzadas gracias a aspectos tan frívolos como la simple afinidad personal con el querido líder, o la garantía de una sumisión permanente como precio por el puesto otorgado. Asumir una responsabilidad política cuando de ello depende el pan con el que subsistir cada día no parece por el momento una tarea sencilla de lograr en este país. Mucho menos cuando la demanda procede de la acera de enfrente. Una práctica tan cansina como inútil.