La próxima semana está prevista la reanudación del juicio contra Ausbanc y el sindicato Manos Limpias, suspendido por la pandemia del coronavirus. La vista oral se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, una sala habilitada para juicios de grandes multitudes. Un caso en el que la fiscalía solicita más de 118 años de cárcel, y diez millones de euros de multa para Luis Pineda, presidente de Ausbanc, por presuntos delitos de organización criminal y extorsión, estafa y blanqueo de capitales.

La asociación “sin ánimo de lucro”, según la fiscalía, buscaba presuntamente el enriquecimiento ilícito personal a través de diferentes canales: las cantidades que empresas, bancos, y cajas de ahorro pagaban en publicidad en las revistas de Ausbanc ante las amenazas de realizar en su contra campañas públicas de desprestigio; las provenientes de subvenciones y las cuotas de los asociados adheridos. Unas contrataciones hechas aparentemente bajo “amenaza” de publicación sensible, incluso verosímil, en contra de la reputación del banco, caja de ahorro, o empresa. Un chantaje en forma de convenios, patrocinios y publicidad que la fiscalía calcula en más de diez millones de euros, que en ocasiones utilizaba al sindicato Manos Limpias como medio para reforzar estas coacciones.

Las redes de Pineda también llegaron hasta Castilla-La Mancha. CCM, entre otras cajas de ahorro que posteriormente recibieron ayudas públicas y tuvieron que ser rescatadas, cedieron de forma masiva al presunto chantaje del presidente de Ausbanc a cambio de evitar daños reputacionales, retirando denuncias, y dejando de hostigar en los tribunales contra cláusulas abusivas o productos financieros polémicos. También, si hacía falta, alabando su funcionamiento y modelo de buena reputación y gestión dentro del sector incluso, mordida mediante, llegando a asegurar meses antes de su intervención en 2009 que CCM es una entidad “absolutamente confiable”. Una extorsión que costó 680.000 euros a la entidad castellano-manchega a cambio de desestimar Pineda una demanda en 2006 contra el redondeo al alza de hipotecas, entre otras requisitorias.

Toda una coreografía dirigida presuntamente por un bandolero de etiqueta, con la colaboración de una banda de malandrines, que aliñaba a través del receptáculo de la publicidad los dineros del menoscabo que practicaba a bancos, cajas de ahorro y empresas. Una gestión saldada generalmente con éxito pues siempre había entre todas las entidades extorsionadas algún “trapo sucio” que lavar como bien se ha podido comprobar posteriormente.