España contará a partir del próximo 15 de junio con una nueva prestación asistencial para paliar la pobreza de las personas más necesitadas. Un diseño que han capitalizado de forma discordante la demagogia del vicepresidente Iglesias y la cordura del ministro Escrivá. Un ingreso mínimo vital (IMV) que beneficiará a unas 850.000 familias en todo el país, donde residen 2,3 millones de personas vulnerables. Una renta que percibirán estas familias de forma íntegra o como suplemento a las rentas que ya vienen recibiendo por debajo de la renta mínima garantizada. Un importe que oscilará entre los 5.538 euros anuales para un hogar con un solo adulto, a los 12.184 euros para hogares con más adultos y menores. Una gestión del IMV que el Gobierno ha cedido tan sólo al País Vasco y Navarra, lo que ha suscitado discrepancias entre el resto de comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha su presidente, Emiliano García-Page, ya ha reclamado más homogeneidad en su tramitación y poder también resolver su Administración estas diligencias, lo mismo que viene haciendo con otras competencias más “ariscas” como educación, servicios sociales o sanidad.

En Castilla-La Mancha, según el Gobierno regional, podrán beneficiarse de la cobertura unas 40.000 familias y 120.000 castellano manchegos. Una medida para la supervivencia y muy necesaria para reducir la desigualdad y mitigar la pobreza extrema en una región donde la exclusión social emerge con toda crudeza y castiga a los segmentos más marginados. Una población donde el 33,5 por ciento de sus residentes, un total de 678.410 personas, se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según “El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2018”. Una dramática situación que ahora se ve agudizada por el coronavirus en uno de los territorios donde la pandemia ha afectado de forma más notable.

Una prestación, compatible con las rentas de inserción que aplican la mayoría de comunidades autónomas, que provocará más gasto público, unos 3.000 millones de euros en principio, pero que resulta un auxilio imprescindible para las personas más vulnerables agravadas ahora por la crisis sanitaria. Una medida eficaz y necesaria sí se logra compatibilizar adecuadamente la protección ofrecida con la búsqueda activa de empleo que se exige para percibir la prestación. Si no es así, en lugar de reducir esta brecha social y obtener retornos tangibles en forma de puestos de trabajo, el ingreso mínimo vital corre el riesgo de convertirse en una cobertura que perdure la pobreza y expanda la dependencia a costa de las arcas del Estado.