Un pájaro de cuidado. Cualquier información desfavorable sobre bancos, cajas de ahorro y empresas varias factibles de hacerse públicas en las revistas del grupo era el argumento esgrimido por Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), para extorsionarlas, según las conclusiones definitivas del fiscal José Perals. A Pineda pide el juez 116 años de prisión por delitos de organización criminal, extorsión, estafa contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. La solicitud de cárcel también se extiende a otros diez directivos de Ausbanc que colaboraron en el entramado.

El curtido relaciones públicas malagueño, a cambio, supuestamente pedía importantes cantidades de dinero camufladas en publicidad insertada en las publicaciones editadas por la asociación bancaria, o en la venta de informes diversos. Una trama por la que, según el fiscal del caso, obtuvo entre 2011 y 2015 unos 18 millones de euros sólo de entidades financieras, pues también en las actividades del grupo incluía la de retirar acusaciones en causas judiciales, en este caso a través del sindicato Manos Limpias, como la seguida contra la infanta Cristina en el caso Noos.

La red, creada en 1986, también sobrevoló Castilla-La Mancha y algunas entidades financieras fueron supuestamente esquilmadas por Pineda y compañía como sostiene el Ministerio Público, y a las que los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente. Es el caso de la desaparecida Caja Castilla La Mancha (CCM) con más de 300.000 euros, una entidad de gestión controvertida y muy sensible a las supuestas extorsiones de Ausbanc, además de otros 1,3 millones a Liberbank. En este caso, según relato del jefe de la asesoría jurídica del banco a la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, la relación con Ausbanc se inició en 2013 con el pago de más de un millón de eurosen ejecución de un convenio extrajudicial con clientes que demandaron o iban a demandar a la entidad bancaria por la inclusión en sus hipotecas de la cláusula suelo, que había sido declarada abusiva por los tribunales. Además,firmaron otros acuerdos para que la entidad se anunciara en publicaciones de Ausbanc por 125.000 eurosy para adquirir informes trimestrales de la asociación por algo más de 180.000.

No han sido los únicos. La Fiscalía también solicita en su escrito diversas indemnizaciones para BBVA, Unicaja, Sabadell, Santander, Caixabank, Barclays Bank, Bankia, Caja Vital, Caja Rural del Sur y Banca March por actuaciones similares. Igualmente, se contemplan indemnizaciones a Europistas, Nissan Ibérica, y el fiscal pide también que Pineda abone las cantidades percibidas indebidamente como subvención por parte de Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y que ascienden a 163.350 euros.

Resulta Pineda un pícaro de altos vuelos que pretendió escalar demasiado alto aprovechándose del flanco débil de las entidades financieras: su imagen pública. Bancos y cajas de ahorro que, como posteriormente quedó demostrado en algunos casos, tenían mucho que ocultar y con alguno de sus directivos en prisión. Mas ahí aparecía el presidente de Ausbanc que, erigiéndose en supuesto defensor de los consumidores y usuarios, se nutria para su organización de los jugosos ingresos que a través de la publicidad y supuestos informes contrataban los bancos.