Cuando la situación catalana está aflorando cuestiones como el cambio de domicilio social de entidades financieras hacia otros territorios, en nuestro país se viene produciendo desde hace tiempo otro fenómeno, más velado y doloroso, que parece no remitir y que igualmente afecta al sector bancario. Las entidades financieras que operan en España han suprimido -no cambiado de ubicación como en Cataluña- más de 17.000 sucursales entre 2009 y 2016 y destruido casi 83.000 puestos de trabajo, el equivalente al 30 por ciento de la plantilla total, según datos facilitados por el Banco de España.

No obstante a esta drástica reducción, España sigue contando con la red de sucursales bancarias más densa de toda la zona euro, a pesar de ser también el país donde más oficinas se han cerrado, según la agencia Moody´s. Una sangría que ha sido especialmente visible en Castilla-La Mancha donde aún queda por contabilizar el cierre del 50 por ciento de la red del Popular, la ultima fusión o absorción del sector, para su integración en Santander y donde nuestra Comunidad tampoco será ajena.

Esta situación está también propiciando, según un estudio realizado por el catedrático de Análisis Financiero de la Universidad de Valencia Joaquín Maudos que un 48 por ciento de los pueblos en España han dejado de tener oficina bancaria. Un territorio donde viven 1,12 millones de habitantes, un 2,4 por ciento de la población total. En el caso de Castilla-La Mancha, el porcentaje de población sin acceso a una oficina bancaria es aún mayor: 3,2 por ciento, consecuencia de que la red de bancos, cajas de ahorro, y rurales haya retrocedido a niveles de 1.982, especialmente por el cierre de oficinas de cajas de ahorro.

Aún cuando España hay abiertas 60 oficinas por cada 100.000 habitantes frente a 45/100.000 de la UE, resulta significativa la política que en este sentido viene desarrollando una entidad de referencia en esta tierra. “Cada oficina que se cierra es una oportunidad de negocio para Caja Rural Castilla-La Mancha”, manifestaba recientemente el director general de esta cooperativa de crédito, Víctor M. Martín López. En efecto, la entidad no ha dejado de aumentar su red comercial desde el inicio de la crisis en todos los territorios donde opera -Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León- hasta alcanzar 368 oficinas abiertas más otras 106 agencias financieras. Un operativo de más de 1.000 empleados comprometidos con los ciudadanos y territorios donde se ubica,  mereciendo la confianza de socios,  clientes, y demás organizaciones e instituciones públicas y privadas.

Un procedimiento basado esencialmente en principios cooperativos que huye de los exclusivos parámetros de rentabilidad, recortes de personal y oficinas, que busca el sector y que ha merecido reconocimiento por parte de Fitch. La Agencia de Calificación Crediticia ha reafirmado su calificación “BBB”, con perspectiva estable, a Caja Rural Castilla-La Mancha, certificando así “la buena situación financiera que atraviesa la Entidad”, gracias a sus “robustos indicadores” y a las prudentes políticas de gestión que aplica la entidad. Una caja que mantiene una morosidad muy por debajo de la media del sector (3% frente al 8,43%), con unos excelentes ratios de calidad de activos y un satisfactorio nivel de capitalización, financiación estable y resultados.