Durante el año 2021 se ha registrado un sustancial aumento de consultas al Área de Igualdad de FECIR CEOE-CEPYME, que ha visto como se ha multiplicado su actividad en esta materia, sobre todo tras la implantación obligatoria del Permiso Retributivo (con la entrada en vigor del Real Decreto 902/2020, del 13 de octubre de igualdad retributiva entre hombres y mujeres) y las aún más recientes convocatorias autonómicas de Ayudas a la implantación de Planes de Igualdad en las PYMES y para la Conciliación Familiar.

Para FECIR CEOE-CEPYME, este aumento de servicios no presenta sorpresa, ya que el número de empresas provinciales actualmente obligados a la implantación de un Plan de Igualdad (recordando que desde marzo de este año dicha obligación afecta a empresas de entre 101 y 150 personas en plantilla) era hasta ahora bajo. Situación que cambiará en 2022, cuando las empresas obligadas serán las que tengan al menos 50 personas trabajadoras, un rango que incluirá a un mayor número de empresas, al ser mayoritarias en la provincia de Ciudad Real.

De hecho, la incidencia de consultas en materia de Planes de Igualdad ha pasado de 36 en todo 2019 a 64 en lo que llevamos de 2021 (señalando 2020 un año “atípico” en materia laboral, donde las consultas en materia laboral se centraron, casi en su totalidad, en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y en situaciones generadas durante los mismos). 57 de esas 64 consultas (con datos hasta el 30 de abril) proceden de empresas de plantillas de entre 50 y 90 personas trabajadoras. Desde la Federación Empresarial de Ciudad Real se espera que los próximos seis días se mantengan las consultas respecto a las Ayudas a la Implantación de Planes de Igualdad, ya que el plazo finaliza el próximo 11 de mayo.

En cuanto al asunto más recurrente en las consultas, éste ha sido el de la implantación del antes citado Registro Retributivo, principalmente desde febrero, fruto de las “consecuentes dudas que surgen en cualquier novedad que afecta al área de Recursos Humanos de una empresa, ya que las directrices y recomendaciones desde la Administración siempre resultan demasiado generales y poco ajustadas a cada realidad y situación concreta de cada empresa que, a pesar de que hasta el 15 de abril no se publicó un modelo oficial, ya conocía que a partir del 14 se enfrentaba a posibles sanciones de entre 626 euros y 6.250 euros, en el caso de no disponer de dicho registro”.