La Federación de Servicios Públicos de UGT CLM interpondrá este lunes una nueva demanda ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por vulneración de derechos fundamentales por parte de la JCCM al limitar el disfrute de las vacaciones anuales de sus empleados al 14 de septiembre, mientras que CCOO también ha presentado durante esta jornada sendos recursos al Contencioso y a la Sala de lo Social del TSJCM al considerar que la instrucción publicada por el Gobierno autonómico "incumple de forma flagrante la ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha; así como la Orden de Horarios, que no ha sido modificada para tal objeto"..

Recuerda UGT que en una instrucción publicada el 4 de junio, la Dirección General de Función Pública establece que todo el personal de la Administración General de la JCCM deberá disfrutar de la totalidad de sus vacaciones de 2020 antes del 15 de septiembre, lo cual no ha sido negociado ni consultado con los representantes de los trabajadores y vulnera, a juicio de UGT, lo establecido en toda la normativa y en la Constitución Española.

Luis Manuel Monforte, responsable del sector Autonómico y Sociosanitario de FeSP UGT CLM, considera inadmisible esta imposición porque “va en contra de toda normativa y vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución al limitar el periodo de disfrute mucho más allá de lo establecido para este personal en sus regulaciones específicas”, explica.

Monforte critica este “nuevo ataque” a los servicios y a los servidores públicos después de haber sido los garantes de unos servicios públicos de calidad imprescindibles en los peores momentos de la COVID-19. “Ni siquiera en los peores momentos de Cospedal se planteó una instrucción tan despótica y lesiva para el conjunto de empleadas y empleados públicos”, defiende.

UGT denuncia que la Junta está ejecutando todas las decisiones relativas a sus trabajadores sin llevar a cabo ningún tipo de negociación y avisa que no permitirá más retrocesos en los derechos del personal de la administración regional.

En este sentido, UGT recuerda la denuncia de hace unos días ante el mismo tribunal por dictar la incorporación del personal a sus puestos de trabajo presencial sin negociar medidas de conciliación como han hecho en el resto de administraciones del país y, especialmente, sin ninguna garantía de cumplimiento de las medidas sanitarias frente a la COVID-19, “exponiendo al personal a riesgos innecesarios y sin protocolos claros que garanticen la protección de la salud”.

Por el momento las dos organizaciones sindicales que finalmente denunciaron por este motivo a la administración regional siguen a la espera del posicionamiento del TSJ.

Restricción de "forma unilateral"

De su lado, CCOO ha criticado que ahora, bien a través de resoluciones e instrucciones o bien a través de su interpretación, "el Gobierno está provocando sin razón aparente un aumento del nivel de conflictividad en la Administración autonómica; a base de restringir de forma unilateral y sin necesidad ni fundamento los derechos de sus trabajadores, con medidas que no se justifican y que en algunos casos pueden incluso resultar contrarias a los intereses generales, como la obligatoriedad de irse de vacaciones cuando más falta hacen en determinados servicios".

En un comunicado, el sindicato ha asegurado que el Gobierno regional está "prescindiendo cada vez más de cualquier interlocución con la representación legal de los trabajadores de la Junta, despreciando de antemano cualquier opinión, propuesta o reivindicación que puedan trasladar los sindicatos en nombre de sus representados".

"Simultáneamente, mientras se cercenan en papel oficial los derechos de los funcionarios y laborales de la Junta y se obvia a sus representantes, desde el inicio de la pandemia se suceden desafortunadas declaraciones públicas achacando motivaciones indignas a los empleados públicos y cuestionando velada o abiertamente la legitimidad ética y el valor social de sus derechos laborales", ha señalado.

Por ello, CCOO ha pedido "encarecidamente" al Gobierno de Castilla-La Mancha "que reflexione y que recupere el diálogo social con la representación legal de los trabajadores en el ámbito de la Junta", convocando "cuanto antes" las mesas de negociación del Personal Funcionario y del Personal Laboral "para afrontar desde diálogo y el acuerdo la compleja situación que vivimos, en la que es imprescindible que la Administración dé la talla y funcione a pleno rendimiento, y no a golpe de autos y sentencias judiciales".