El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido este viernes la transparencia del proceso del decreto para la instalación de nuevas estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la región y la ampliación de plazos para la ejecución de las instalaciones en la que trabaja la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Transición Energética, Manuel Guirao, durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Cortes regionales, en la que ha incidido en que desde la aprobación del decreto en marzo de 2019 se ha producido una "situación extraordinaria" por la pandemia de la covid-19 y que ha sido el propio sector el que ha pedido la ampliación de plazos que "se está tramitando con toda la transparencia e informes jurídicos necesarios", ha recalcado.

Ha concretado que el pasado mes de febrero la Consejería de Desarrollo Sostenible recibió la solicitud por parte de la Asociación de Entidades de Castilla-La Mancha para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecaman-ITV) para ampliar los plazos, con el argumento de que "resulta materialmente inviable ejecutar los proyectos de las nuevas ITV autorizadas en el plazo de 18 meses" por todo lo ocurrido desde el primer estado de alarma con el cierre de establecimientos y proveedores y el confinamiento de la población.

Guirao se ha referido al decreto aprobado en marzo de 2019 que regula la prestación de servicios de ITV en Castilla-La Mancha y establece un máximo de 60 estaciones (10 en Albacete, 13 en Ciudad Real, 10 en Cuenca, 8 en Guadalajara y 19 en Toledo), mientras que antes del mismo había 47 estaciones en la comunidad autónoma.

Para alcanzar ese máximo, el Gobierno abrió un procedimiento de concurrencia competitiva para autorizar las nuevas ITV, al cual se presentaron 47 solicitudes de las que se desestimaron 18 -al no cumplir las condiciones técnicas establecidas- por lo que quedaron 29 solicitudes admitidas (8 en Ciudad Real, 9 en Cuenca, 2 en Guadalajara, 5 en Toledo y 5 en Albacete) para cubrir 13 vacantes.

Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, ha explicado el director general de Transición Energética, se autorizaron las 13 vacantes para la instalación de nuevas estaciones de ITV, y de manera posterior hubo una serie de recursos de alzada que también se resolvieron.

Sistema de autorizaciones

Guirao ha especificado, a preguntas de los grupos parlamentarios, que no se trata de un sistema de concesiones sino de autorizaciones y que, por tanto, el sector privado puede optar a instalar ITV en función de los intereses de mercado y la Administración no puede limitar el número de propuestas que quieran hacer las empresas, sino que debe a autorizarlas conforme al decreto, por lo que si es o no económicamente viable es una cuestión de las empresas.

Además, ha apuntado que la autorización se concede sin perjuicio de que las empresas tengan que aportar todas las licencias que le sean de aplicación.

De igual forma, ha remarcado que en el caso de que alguna ITV no cumpla con lo establecido o se retire del proceso que está en vigor en la actualidad, se volverá a sacar otro proceso de concurrencia competitiva en el que podrán presentarse todos los interesados.

Las preguntas de la oposición

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada regional de Ciudadanos (Cs) Elena Jaime ha puesto sobre la mesa que en este proceso ha habido "varias quejas del sector y de alcaldes del PP y del PSOE" por las moratorias en la ejecución de las nuevas ITV.

En este sentido, ha cuestionado dichas moratorias y si han podido beneficiar a las empresas autorizadas, ya que algunas como la de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) ha tenido "tiempo de sobra" para ejecutar el proyecto y, de hecho, ya está funcionando la estación de ITV.

En la misma línea, el diputado regional del PP Benjamín Prieto ha incidido en "la polémica y falta de transparencia" que han rodeado el proceso a su juicio y en que las empresas a las que se ha concedido autorización "han tenido tiempo suficiente para ejecutar las instalaciones".

Por ello, ha dicho que no entiende que ahora se vaya a ampliar el plazo 18 meses más y prorrogable a otros nueve porque, además, esta flexibilización les favorece frente a otros participantes que no dispusieron de estos plazos.

De su lado, el parlamentario socialista Julián Martínez ha defendido que las administraciones tienen la responsabilidad de regular "lo mejor posible" este tipo de procedimientos y ha considerado que el camino recorrido ha sido "el correcto".

Al mismo tiempo, ha puesto el acento en que son las empresas las que tienen que valorar si presentan proyectos para los mismos puntos, y ha indicado que algunas alegaciones en el procedimiento iban en el sentido de ampliar el plazo de ejecución de las nuevas ITV hasta 36 meses.