El sector productor de la Denominación de Origen (DO) Valdepeñas ha reiterado que, si el 24 de julio no se han atendido sus peticiones, entre ellas la modificación de los estatutos y la retirada de contraetiquetas genéricas, darán por concluido el actual mandato.

Los agricultores han reiterado su intención de terminar con el periodo que se inició en 2016 cuando la Junta decidió proponer al actual presidente de la DO y alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, como mediador entre productores e industriales, que han protagonizado varios desencuentros estas últimas semanas como consecuencia de la "guerra comercial" entre Félix Solís y García Carrión, los dos grandes operadores de la zona.

Así lo han asegurado a Efe fuentes de la DO después de que Asevivaldepeñas, la asociación de industriales liderada por Félix Solís, se haya negado este martes a que Asaja, Upa, Coag y Cooperativas Agroalimentarias acuerden su representatividad, tal y como ha ocurrido hasta el momento, y que sean las urnas las que lo decidan mediante los votos de los agricultores.

La negativa de Asevilvaldepeñas ha impedido convocar las elecciones para renovar los órganos de dirección y gestión de la denominación, tal y como se acordó en la junta directiva del pasado viernes.

El acuerdo entre los productores permitiría renovar la junta directiva y la asamblea de la Denominación de Origen en apenas veinte días, mientras que si su representatividad se determina mediante la votación de los agricultores el proceso se demoraría mucho más y coincidiría con la vendimia, algo que "no parece lo más adecuado", han precisado las fuentes.

Por otro lado, los representantes de sector productor también han denunciado la negativa de Asevivaldepeñas a eliminar las contraetiquetas genéricas y sustituirlas por otras específicas para los vinos de crianza, reserva y gran reserva, tal y como reivindican los agricultores para que el consumidor sepa qué es lo que ha comprado.

Por su parte, Asevivaldepeñas y Maestros Bodegueros estarían dispuestos a agilizar esta propuesta, siempre y cuando se certificara previamente la crianza de todos los vinos, para lo que las organizaciones agrarias y cooperativas deberían dar el visto bueno a que se aprobara una auditoría externa.

Sin embargo, los viticultores consideran que esta petición "es poco menos que decir que sospechan que la Consejería de Agricultura y las empresas certificadoras no realizan adecuadamente sus trabajo", en función de la normativa legal vigente.