Lo ha contado este miércoles El Independiente. Liberbank, el grupo que integra a la extinta CCM, ha sido censurado por el titular del Juzgado de lo Social de Santander ante las numerosas demandas que recibe de sus empleados.

El magistrado acusa al banco de estar llevando a cabo procedimientos procesales temerarios, que «suponen consecuencias negativas para el ciudadano», al tiempo que contribuyen a la«saturación» de los tribunales, perjudicando «al resto de los ciudadanos que solicitan amparo judicial», según la sentencia citada por El Independiente.

La resolución del juez hace referencia a una demanda interpuesta por ocho empleados del banco que exigían que Liberbank les restituyera las aportaciones al plan de pensiones que dejaron de recibir en 2013, mientras estuvo en aplicación el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) puesto en marcha por el banco y que posteriormente fue anulado por la Justicia.

Tal como cuenta el periódico que dirige Casimiro García-Abadillo, "desde que el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de esta actuación, han sido múltiples las demandas presentadas por trabajadores del banco que reclaman la restitución de las cantidades adeudadas. Sin embargo, según han denunciado en diversas ocasiones los sindicatos del banco, Liberbank ha tratado de dilatar al máximo estos pagos, estirando los procesos judiciales en los tribunales, de modo que, según denuncian estas fuentes, actualmente permanecen abiertos varios centenares de casos, en espera de resolución judicial".

Es precisamente esa actitud la que es "duramente reprobada por el magistrado, quien, tras desmontar uno tras uno los argumentos planteados por el banco para negarse a abonar la cantidad reclamada, recuerda que constan `ya numerosos pronunciamientos firmes en el mismo sentido en esta Comunidad Autónoma, habiendo sido advertida además la parte demandada al respecto´".

En opinión del juez, el proceder procesal de Liberbank no puede considerarse «de buena fe sino temerario» y advierte de que «cuando estos procederes son rechazados por los Tribunales de Justicia, su reiteración precisa de un freno por parte del Tribunal, pues suponen consecuencias negativas para el ciudadano».

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