El Gobierno va a repartir dinero entre los ayuntamientos conque para luchar contra la violencia doméstica. Desde que la autoridad política se puso a la cosa, los casos no han hecho más que incrementarse. Casi se podría decir que es en lo único en que la política se ha mostrado capaz de hacer crecer algo de tan notable forma. Si bien tiene consonancia con lo que llevamos visto en los últimos 40 años: suele ocurrir lo contrario de lo que vaticinan con tanta autoridad como ineficiencia.

Esas actitudes circunspectas con frases tan labradas como “basta ya”, “contra el machismo, tolerancia cero” y otras de similar densidad no han logrado más que dar mayor visibilidad al problema y con ello a las causas que lo generan. Los políticos, con sus buenas intenciones y aspiraciones electorales, no han hecho más que enviar mensajes confusos a un mundo que no se mueve, precisamente, en el entendimiento, la vasta formación ni la mesura.

Cito por segunda o tercera ocasión ese estudio que se realizó en la Universidad de Alicante sobre el tema. Se trata de una práctica que en mis tiempos se trabajaba en la asignatura de Información Periodística Especializada y que consiste en seguir un asunto concreto en los distintos medios de comunicación durante un tiempo determinado. Comprobaron que cada vez que se publicaba un caso de violencia doméstica, en los días siguientes se sucedían varios nuevos. Ese pequeño pero revelador dato no conmovió a los dirigentes políticos, que continuaron con sus minutos de silencio y los pronunciamientos de felices frases hechas, todas muy radicales e intolerantes con la cosa. Es decir, siguieron haciendo lo que una simple conclusión del trabajo universitario desaconsejaba. A un político le vas a quitar tú una foto que le pueda sumar algún votillo ingenuo, o le preste una imagen de recia personalidad de la que carece.

Este nuevo reparto de dineros entre los ayuntamientos conque para luchar contra la violencia doméstica delata tres cosas. La primera, que un político moderno sin dinero no sabe qué hacer; piensa que todo  es comprable, desde un titular de prensa a un sufragio, en plan conde de Romanones. Segundo, que no desea acudir a quienes puedan aconsejar con valor de experto sobre el asunto: psicólogos, psiquiatras, pedagogos, policía incluso antropólogos, médicos, filósofos, curas párrocos y, en casos extremos, sociólogos. Y tercero, que el dinero, como se podrá comprobar con el tiempo, tendrá un fin electoralista como el solo anuncio de su distribución por la vicepresidenta del Gobierno lo ha tenido.

Puede que haya buena voluntad, que la inteligencia política reinante piense, beatíficamente, que puede resolver un gravísimo problema al mismo tiempo que le saca rentabilidad electoral. Eso no pasa de ser un experimento que no se hace con gaseosa, sino con la vida de las personas. Si los cargos públicos en España cobrasen como los autónomos, por su productividad, gran parte del elenco pasaría serías apreturas. Pero este es el país de las desigualdades. Cuanto más próximo al poder, mejor vida puedes tener -siento el pareado-, pero eso no atiende las necesidades de las personas, contrariamente a lo que se nos viene vendiendo para convicción de beneficiados, amiguetes y almas de cántaro.