Siempre nos ha sorprendido que quienes se muestran como ardientes defensores del medio ambiente y, por extensión, contra las emisiones contaminantes, se manifiesten, sin embargo, tan fervientemente partidarios de las desaladoras de agua marina como medio para terminar con el Trasvase Tajo-Segura.

Dicen quienes saben que las desaladoras producen un agua de ínfima calidad, para lo cual necesitan grandes suministros energéticos que generan emisiones de CO2 a espuertas y significativas concentraciones de salmuera que acaban con la vida marina allí donde se vierte. Además, su producción es escasamente productiva en función de los altos costes que exige. Era Jaime Campmany quien resaltaba la inconsecuencia de salar agua dulce dejándola caer al Mediterráneo en el delta del Ebro y luego volverla a desalar en Alicante, Murcia o Almería. Defender esa práctica, por lo visto, es considerado muy solidario en ciertos ambientes intelectuales.

Lo que no sabía el ilustre periodista es que, con la modernidad, a las desaladoras se les iba a encontrar otra utilidad añadida, de modo que además de ser el instrumento en el que algunos han puesto sus ojos y razonamientos para terminar con el Trasvase Tajo-Segura, resulta que también puede cabar con los números rojos de según qué cuentas. Por lo que se va sabiendo, este útimo descubrimiento se les debe atribuir a Cristina Narbona y José Luis Rodríguez Zapatero, en los que, ya ven ustedes, nunca hubiésemos adivinado la perspicacia y lucidez mental para realizar algún descubrimiento deductivo que no fuese concluir que alguien había fumado mientras observaban un cenicero repleto de colillas de cigarrillo.

De las desaladoras, dice la Guardia Civil, salió el dinero para financiar la bonita campaña de autobombo titulada por Narbona: “El mar, fuente inagotable de vida” que se desarrolló, casualmente, en los previos de las elecciones de 2008. No se sabe si fue un rasgo de humorismo o la simple inclinación por un prudente eufemismo. Para ser exactos la campaña debería haberse titulado: “Las desaladoras, fuente inagotable de financiación y demagogia”.

La verdad es que, por lo que vamos viendo pasar por los juzgados, las obras públicas son grandes yacimientos de dinero con destino incierto. La incertidumbre la ponen los declarantes, que nunca saben nada, desconocen cómo se pago, si se hizo en sospechoso exceso y si alguien cobró indebidamente esas plusvalías presuestarias. Seguramente estaban tan intensamente ocupados en las cosas que preocupan a los ciudadanos, que las del dinero, esa ordinariez, se las dejaban a otros menos escrupulosos.