SEIS PREGUNTAS DE ANPE SOBRE LO QUE ESTÁ POR VENIR

Incertidumbre, burocracia y gran responsabilidad de los docentes de CLM en el curso más complicado

Ramón Izquierdo, presidente de ANPE CLM (en el centro), junto a Pilar Sánchez Vázquez, responsable del servicio del Defensor del Profesor en ANPE-CLM, y Manuel Tébar Martínez, secretario de Comunicación Ramón Izquierdo, presidente de ANPE CLM (en el centro), junto a Pilar Sánchez Vázquez, responsable del servicio del Defensor del Profesor en ANPE-CLM, y Manuel Tébar Martínez, secretario de Comunicación

“Modificar las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento”; “elaborar un Plan de Contingencia que contemplase tres posibles escenarios: nueva normalidad, adaptación ante una nueva situación de control sanitario (enseñanza semipresencial) y no presencialidad”; “elaborar un Plan de Inicio de curso que recogiese las medidas generales de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID- 19”.


 

Así comenzaba el curso 2020-2021 para los 32.600 docentes en Castilla-La Mancha, inmersos en la redacción de un sinfín de documentos; los habituales más los sobrevenidos, para la preparación y organización del, probablemente, inicio y desarrollo del curso más complicado e incierto de los últimos años. El sindicato de la enseñanza ANPE, el más representativo del sector en Castilla-La Mancha, no quiere que vuelva a ocurrir lo mismo el próximo curso y lamentan que a estas alturas, con el inicio del curso 2021-2022 a la vuelta de la esquina, no se hayan tomado medidas exhaustivas para impedirlo.

La improvisación y la tardanza en la toma de decisiones era patente en el verano de 2020 y tuvo su cénit en la reunión que mantuvo el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas el 27 de agosto, con la incorporación del profesorado a los centros educativos el 1 de septiembre. Demasiado tarde, demasiado improvisado.

De nuevo, como ya ocurriese en el inicio de la pandemia que coincidía con el último trimestre del curso anterior, tanto el gobierno regional como la Consejería de Educación dejaban toda la responsabilidad de la preparación del excepcional curso 2020-2021, con 408.600 alumnos, a los docentes de la región y especialmente a los equipos directivos.

Una autonomía “envenenada” para los centros educativos de la región que no venía acompañada de los recursos personales, materiales y organizativos necesarios y acordes a la difícil situación que se vivía en esos momentos.

Las ratios en algunas aulas se vieron rebajadas del máximo que marcaba la normativa vigente, pero solo en las enseñanzas más masificadas y también donde estaban por encima de lo legal, como bachillerato. Pero fue una bajada insuficiente para abordar la necesaria atención individualizada del alumnado, desoyendo una de las medidas fundamentales que demandaba ANPE; la reducción generalizada del número de alumnos por aula en todos los niveles educativos.

Una disminución generalizada del número de alumnos en todas las etapas educativas que finalmente no llegó y que habría supuesto mejor atención, mayor seguridad y, en la medida de lo posible, paliar la pérdida de contenidos del último trimestre del curso 2019-2020, ya que, según informaciones de los propios centros educativos, el 10% de los alumnos no estaba preparado para la enseñanza a distancia, al no disponer de los recursos informáticos necesarios.

ANPE ya insistía en aquellos días en la regulación del teletrabajo en el ámbito docente, y que, entre otras importantes medidas, autorice a que todas aquellas actividades que no impliquen docencia directa (no solo las reuniones de órganos colegiados y de coordinación) puedan realizarse fuera del centro, especialmente por motivos de seguridad y mientras dure la situación actual debida a la pandemia. 

Con este escenario, es evidente que reinaba la incertidumbre entre la comunidad educativa. La misma comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, que demostrarían, con su responsabilidad colectiva e individual, estar a la altura de las excepcionales circunstancias, y que aprobó con buena nota en la planificación, adecuación y cumplimiento de las normas, que han propiciado que se pueda continuar con la actividad lectiva presencial.   

MENTIRA

Un curso que se emprendió sin los 3.000 docentes más, para reforzar las plantillas docentes, que anunciaba un 13 de julio el presidente regional, Emiliano García-Page, y cuya cifra intentaba ratificar más tarde la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez.

Una mentira que ANPE demostró más tarde, contactando uno por uno con todos los centros de la región, para conocer las cifras reales de contratación de profesorado para hacer frente a la nueva y difícil realidad, debida a la pandemia, que se “avecinaba” sobre los centros educativos y que dejaba unos números muy alejados de esos 3.000 docentes, ya que en realidad solo eran 870 más, a todas luces insuficiente. 870 docentes de apoyo para más de 1.600 centros educativos de la región.

 

AHORA O NUNCA

Sin bajada generalizada de ratios, sin una generosa contratación de profesorado, sin la incorporación de la figura de la enfermera escolar (reivindicación “histórica” de ANPE), sin maestras y maestros de apoyo para Educación Infantil, de las cuales tras casi una década de la eliminación de 812 docentes de apoyo en la región, solo se ha recuperado una tercera parte; sin sustitución inmediata del profesorado de baja, sin abordar un Plan de Digitalización para los centros educativos y las familias, sin aumento del presupuesto…, ¿qué tenía que pasar para poner en marcha todas estas medidas? ¿No era suficiente una pandemia? Eran algunas de las preguntas que se hacían los docentes. Pues para la administración educativa, no.

No era de extrañar que con aquel panorama de incertidumbre y “abandono” institucional, la premonición generalizada entre la comunidad educativa fuese: “en diez días cierran los colegios y los críos a su casa”.

Pero ahí estaba, de nuevo, el profesorado. Demostrando, como hasta la fecha, ser la pieza fundamental e indispensable del sistema educativo. Con su profesionalidad y dedicación, e incluso en muchos casos, riesgo, los docentes han aplicado los protocolos higiénico-sanitarios y han sido capaces de crear entornos seguros, para continuar con la enseñanza presencial de los alumnos, aunque nos encontremos en una situación de emergencia sanitaria.

Según los datos del Cuestionario para la mejora de la cooperación interterritorial en el curso 2020-2021, en materia de medidas relativas a la COVID-19 se puede considerar que la incidencia de la pandemia en los centros educativos es menor que en el conjunto de la población.

Y por ello, el profesorado emana un mensaje tranquilizador a la sociedad: los alumnos están en las mejores manos en estos momentos de crisis.

 

MUCHO POR REGULAR

Pese a todas las dificultades, trabas y el “sálvese quien pueda” de la administración educativa, el curso se iba desarrollando en el mejor contexto para la enseñanza, la presencialidad. Pero, iban surgiendo, lógicamente, las primeras situaciones inéditas para las cuales la Consejería de Educación no había articulado respuesta.

Aislamientos y confinamientos diarios de aulas de la región que dejaban patentes los primeros vacíos normativos y que causaban situaciones kafkianas como la atención y el cuidado de los hijos que cumplían cuarentena por haber sido contacto estrecho de un compañero positivo por la COVID-19. No existe hoy en día un permiso específico para que aquellos docentes que se vean en esta situación puedan ejercer su derecho y obligación de atender a sus hijos en el domicilio.

ANPE sigue exigiendo la sustitución inmediata del profesorado, sea cual sea el motivo de la baja y su duración, y hace hincapié en que, en estos tiempos excepcionales, todavía es más necesario que los centros educativos cuenten con todos los docentes necesarios para afrontar este complicado curso escolar y evitar la sobrecarga que sufren los profesionales de la educación tras más de un año de pandemia.

ANPE ya advertía, antes del inicio del curso, de la necesidad de contratar enfermeras escolares para llevar a cabo las medidas de prevención, detección de síntomas y control de rebrotes ante la COVID-19, y que estas funciones no recayesen en el profesorado, como finalmente ha sucedido.

POR SI ERA POCO, LLEGÓ "FILOMENA"

Un temporal de nieve y frío que dejó una complicada situación en muchos centros de la región que más tarde fueron reparados: Toledo fue la provincia más afectada y hasta 126 centros educativos requirieron actuaciones, 53 en la provincia de Guadalajara, en Cuenca se actuó en 33 centros, cinco de Ciudad Real y dos en Albacete.

Pero fueron muchos más los que sufrieron las consecuencias del temporal y sí, de nuevo la Consejería de Educación volvió a cargar toda la responsabilidad de la vuelta a las aulas, como ya hizo al inicio de curso, a los docentes, y especialmente a los equipos directivos.

La propia consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, disponía que fuesen los docentes los encargados de realizar “una revisión del estado de las instalaciones por si se hubieran visto afectadas por los efectos de las intensas nevadas y heladas”, así como de “coordinar las tareas para mantener limpias de nieve o hielo tanto las zonas de acceso al centro educativo como en el interior de este para posibilitar la movilidad de profesorado y alumnado”, entre otras tareas.

Docentes, enfermeras, “responsables COVID”, vigilantes… y ahora los docentes de Castilla-La Mancha también debían ser técnicos de prevención, aparejadores o ingenieros, para poder evaluar y valorar si los centros eran seguros tras los daños ocasionados por “Filomena”: desprendimientos, hundimiento de cubiertas o tejados, caídas en accesos cubiertos de hielo, etc.,

Por ello, ANPE exigía, en aquel momento, que debían ser técnicos cualificados de los ayuntamientos y de prevención de riesgos laborales, los encargados de dichas labores, puesto que el riesgo era evidente y se debía garantizar una vuelta segura a todos los centros educativos de la región tras el temporal de nieve y frío.

En los días posteriores, la consejería de Educación “premió” el esfuerzo del profesorado y estableció la recuperación de los días sin actividad lectiva que dejó el temporal: dos o tres días según la localidad. Finalmente, se recuperarán esos días lectivos, para los cuales en su momento la consejería de Educación no decidió nada; podía haber establecido que fuesen jornadas lectivas a distancia, pero no, no actuó en aquel entonces y obligó más tarde a su recuperación. Otra más.

 

ANSIADA VACUNACIÓN

Finalmente, Castilla-La Mancha fue la última comunidad en vacunar a sus docentes y una vez administrada la primera dosis a todo el colectivo vuelven a surgir muchas inseguridades y preguntas: ¿Y ahora qué? ¿Hay efectos secundarios nuevos que haya que vigilar? ¿Me van a administrar la segunda dosis? ¿Se prevé la continuidad del calendario programado, quizás con otra vacuna?

Desde ANPE siguen exigiendo a las autoridades sanitarias y educativas que despejen todas las dudas y actúen con transparencia, ofreciendo información puntual para tranquilidad del profesorado, que cada día ejerce en aulas cerradas con decenas de alumnos y con una protección insuficiente. Sin olvidar a los miles de aspirantes que acudirán a las pruebas de las oposiciones de Enseñanzas Medias en Castilla-La Mancha, que comenzarán el 19 de junio y cuyo proceso coincidirá con la segunda dosis de la vacuna.   

 

¿Y EL CURSO QUE VIENE, QUÉ?

Ya llegamos tarde. Es la sensación que se tiene entre el profesorado. ¿Por qué no se ha empezado a preparar de manera exhaustiva el curso escolar 2021-2022, un inicio de curso que está a la vuelta de la esquina? ¿De nuevo se va a dejar en manos de los docentes toda la responsabilidad? ¿Se va a seguir sobrecargando aún más al profesorado? ¿Se va a prestigiar su labor? ¿Se van a abordar las medidas de calado que el sistema educativo necesita? ¿Se va a aumentar el presupuesto para Educación?...

Muchas cuestiones a las que con cada día que pasa queda menos tiempo para dar respuesta. Y sobre todo, las respuestas que la comunidad educativa necesita y merece.

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